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20250519 Resumen Sentencias TS Sala1 Pleno. Abril 2025 (3).pdf
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TRIBUNAL SUPREMO
SALA PRIMERA
GABINETE TÉCNICO
SENTENCIAS DE PLENO,
ABRIL DE 2025
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO, PRESIDENTE
D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA
D. PEDRO JOSÉ VELA TORRES
Dª. M.ª ÁNGELES PARRA LUCÁN
D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG
D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
D. MANUEL ALMENAR BELENGUER
D. Agustín Pardillo Hernández,
Letrado del Gabinete Técnico.
1.- SENTENCIA 592/2025, DE 21 DE ABRIL. RECURSO EXTRAORDINARIO POR
INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 456/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres
Votación y fallo: 02/04/2025
Materia:
Retracto
arrendaticio
urbano.
Restricciones
a
su
ejercicio:
interpretación del art. 25.7 LAU. Venta en globo de una multiplicidad de edificios.
«En este caso, la compraventa objeto de litigio, aunque es posible que no
incluyera todos los elementos (viviendas y locales) del edificio donde se
encuentran los pisos arrendados a los demandantes (porque, al parecer, no
todos pertenecían a la vendedora), sí comprendía todas las unidades de las que
la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la
transmisión y que formaban parte de las distintas promociones objeto de la
compraventa. Y en lo que afecta al caso, comprendía todas las viviendas de las
que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio.
A su vez, que esa venta se hiciera junto contra otras pertenecientes a
otros edificios no empece la aplicabilidad del art. 27.5 LAU, dado que uno de los
supuestos de hecho de aplicación de ese artículo es que el objeto de la venta
comprenda todas las fincas o unidades inmobiliarias de las que el arrendador era
propietario en el edificio donde se ubican los pisos o locales arrendados. Que
esa venta forme parte de otra operación más amplia (múltiples promociones
inmobiliarias o edificios) es indiferente a estos efectos, al no impedirlo la Ley. En
estos casos, la imposibilidad de ejercitar el derecho de retracto por el
arrendatario se justifica en que la venta se realiza sobre un objeto distinto -una
de las unidades mayores previstas en la Ley (la totalidad del edificio o la totalidad
de los elementos de los que es propietario el arrendador)- que aquel sobre el
que recae el arrendamiento, puesto que la ley solo permite readquirir al
retrayente el objeto propio del arrendamiento objeto de la venta que sea una
unidad independiente, y eso es lo que aquí sucede». Se desestima el recurso
extraordinario por infracción procesal y se estima el recurso de casación.
2.- SENTENCIA 603/2025, DE 21 DE ABRIL. RECURSO EXTRAORDINARIO POR
INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 7831/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez
Votación y fallo: 02/04/2025
Materia: Contrato de seguro. Pérdida de beneficios. Condiciones delimitadoras
y limitativas del riesgo, diferenciación.
«La asegurada pretende que la aseguradora le pague la indemnización
prevista en el contrato de seguro concertado para el caso de pérdida de
beneficios al haber permanecido el local asegurado -en el que estaba instalado
un restaurante- sin actividad a consecuencia del cierre que se produjo a causa
de la pandemia de COVID-19. En dicho contrato, denominado SegurNegocio, se
incluyen, entre las coberturas básicas, los daños en el contenido y el continente
producidos por incendio, explosión caída del rayo y otros fenómenos
atmosféricos, agua, roturas, etc. y figuran, entre las coberturas opcionales, la
pérdida de beneficios con una indemnización diaria de hasta 300 euros, con un
límite de tres meses y una franquicia de 24 horas. Además, en la página 26 del
contrato se precisa lo que se cubre por pérdida de beneficios: la indemnización
en caso de paralización total o parcial de la actividad en el local asegurado a
consecuencia de las siguientes coberturas, y siempre que estas hayan sido
contratadas: incendio y complementarios, riesgos extensivos, daños por agua y
robo.
Siendo así, y al tratarse de una situación equiparable, el presente caso
debe resolverse en el mismo sentido que el anterior, aplicando la misma doctrina
jurisprudencial, en aras del principio de igualdad en la aplicación judicial del
Derecho (art. 14 CE). En consecuencia, debe concluirse que la cláusula discutida
no es limitativa del derecho del asegurado en el sentido del art. 3 de la LCS, sino
delimitadora del riesgo, por lo que no está sujeta a los requisitos de especial
aceptación del art. 3 de la LCS, procediendo la desestimación del recurso». Se
desestima el recurso de casación.
3.- SENTENCIA 602/2025, DE 21 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 5936/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Votación y fallo: 02/04/2025
Materia: Contrato de seguro de pérdida de beneficios. Cláusulas limitativas y
delimitadoras. La póliza no cubre los beneficios derivados de la interrupción de
la actividad derivada del Covid 19.
«Las dificultades expuestas han llevado a la jurisprudencia a intentar
establecer criterios distintivos entre unas y otras cláusulas. En tal esfuerzo de
concreción jurídica, es de obligada cita la STS 853/2006, 11 de septiembre, del
Pleno de esta Sala, que señala que son delimitadoras las condiciones:
«[m]ediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando qué
riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir
en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco
deber de atenderla».
La precitada sentencia 853/2006 sentó una doctrina, que es recogida
posteriormente en otras muchas resoluciones de este tribunal, como las SSTS
1051/2007 de 17 de octubre; 676/2008, de 15 de julio; 738/2009, de 12 de
noviembre; 598/2011, de 20 de julio; 402/2015, de 14 de julio, 541/2016, de 14
de septiembre; 147/2017, de 2 de marzo; 590/2017, de 7 de noviembre;
661/2019, de 12 de diciembre; 1321/2023, de 27 de septiembre; 1344/2023, de
3 de octubre, según la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas
que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan:
(i) qué riesgos constituyen dicho objeto;
(ii) en qué cuantía;
(iii) durante qué plazo;
y (iv) en qué ámbito temporal o espacial.
El papel que, por el contrario, se reserva a las cláusulas limitativas radica
en restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la
indemnización, una vez que el riesgo, objeto del seguro, se ha producido (SSTS
de 16 de mayo y 16 octubre de 2000, 273/2016, de 22 de abril, 520/2017, de 27
de septiembre, 590/2017, de 7 de noviembre, 661/2019, de 12 de diciembre,
1321/2023, de 27 de septiembre, 1344/2023, de 3 de octubre).
En palabras de la STS 953/2006, de 9 de octubre, serían: «[l]as que
empeoran la situación negocial del asegurado».
Un criterio utilizado para determinar la naturaleza de ciertas cláusulas, y
aplicarles el tratamiento jurídico de las limitativas, es referirlas al contenido
natural del contrato; esto es al «[a]lcance típico o usual que corresponde a su
objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora» (SSTS
273/2016, de 22 de abril, 541/2016, de 14 de septiembre y 147/2017, de 2 de
marzo).
En este sentido, se atribuye el trato de limitativa a la cláusula sorpresiva
(STS 58/2019, de 29 de enero y 661/2019, de 12 de diciembre); es decir, la que
altera ese contenido natural o usual de la modalidad aseguradora concertada de
manera que frustra las razonables expectativas convencionales del asegurado.
[…]
En este caso, quedó la cobertura delimitada a la interrupción total o
parcial de actividad empresarial derivada de los daños materiales producidos en
el continente y contenido, ya sea por incendio, agua, rayo, actos vandálicos,
explosión, inundación, eléctricos etc., que sean cubiertos por la póliza.
Tal y como ha sido redactado el artículo 15 de las condiciones generales
de la póliza suscrita, no genera dudas interpretativas que determinen la
aplicación de la regla contra proferentem del art. 1288 del CC con su correlativa
interpretación jurisprudencial (sentencias 248/2009, de 2 de abril; 601/2010, de
1 de octubre; 71/2019, de 5 de febrero; 373/2019, de 27 de junio, 636/2020, de
25 de noviembre y 87/2021, de 17 de febrero, entre otras), ni cabe alcanzar una
conclusión distinta fundada en una hermenéutica sistemática de las condiciones
particulares y generales de la póliza (art. 1285 CC).
El art. 16 b) de las condiciones generales del contrato, bajo el epígrafe
riesgos no cubiertos, no transmuta la definición del riesgo asegurado, que se
lleva a efecto en el art. 15 de las condiciones generales, sino que, por el contrario,
la refuerza y precisa, al insistir en que no cubre:
«Siniestros no amparados ni indemnizados por la Compañía a través de
la Cobertura de Daños Materiales prevista en estas Condiciones Generales, ni
los de bienes y establecimientos no asegurados por la póliza».
Por otra parte, no cubrir los riesgos de la emergencia sanitaria sufrida por
la pandemia del COVID-19, tampoco puede sorprender al asegurado, de manera
que queden frustradas sus previsibles expectativas contractuales, para
dispensar al precitado artículo 15 el tratamiento jurídico propio de las condiciones
limitativas según la jurisprudencia antes reseñada (cláusulas sorpresivas)». Se
desestima el recurso de casación.
4.- SENTENCIA 604/2025, DE 21 DE ABRIL. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 8360/2022
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Votación y fallo: 02/04/2025
Materia: Contrato de seguro «Caser comercio». Pérdida de beneficios por
paralización de actividad. El recurso plantea si, a pesar de que en el
condicionado general del contrato la pérdida económica por paralización de la
actividad del negocio se vincula a las paralizaciones que sean consecuencia de
los eventos y daños cubiertos por el propio contrato, es correcta una
interpretación de la expresión «riesgos extensivos» que se utiliza en la póliza
para describir las coberturas del seguro, con el fin de entender que se cubren las
pérdidas por paralización debida a cualquier causa, incluida la paralización
motivada por las resoluciones administrativas que se adoptaron durante la
pandemia del Covid-19.
«La actora aportó como documento 2 la póliza con las «condiciones
particulares y especiales», en las que se fijaba la cobertura contratada en 90 los
días de indemnización para la “pérdida de beneficios diaria” y en 150 euros de
límite diario de indemnización, con un límite de indemnización de 13 500,00
euros.
Para fundamentar su pretensión, la actora afirmó que «esa indemnización
asociada a la garantía por «pérdida de beneficios» tiene el objeto de resarcir al
asegurado de los daños o perjuicios que sufra a consecuencia del cierre de su
negocio/paralización de su actividad como expresamente recoge la propia
entidad aseguradora, dentro de la póliza "Caser Comercio" bajo su apartado
"Qué se asegura" en su propia web».
Para acreditar lo que decía, la actora acompañaba a la demanda como
documento 3 un pdf denominado «Seguro de Comercio. Caser seguros.
Documento de información sobre el producto de seguro».
Ahora bien, realmente, lo que se dice de forma literal en el pdf extraído de
la web, según el documento aportado por la propia demandante, es: «¿Qué se
asegura? (...) Pérdida de beneficios diaria por paralización de la actividad a
causa de un daño y/o pérdida cubierto por el contrato. (...)».
Es decir, es la propia actora, quien, considerando insuficiente para fundar
su reclamación la cláusula de las condiciones particulares que se limita a
describir la cobertura como «pérdida de beneficios diaria», la pone en relación
con la información que aparece en la página web de la entidad sobre «pérdida
de beneficios diaria por paralización de la actividad». De esta forma, excluyendo
que la pérdida de beneficios cubierta pueda tener cualquier origen, la propia
demandante argumenta que la indemnización asociada tiene el objeto de resarcir
al asegurado de los daños o perjuicios que sufra a consecuencia del cierre de su
negocio/paralización de su actividad.
La actora, sin embargo, en la transcripción que hace en la demanda de la
información que ella misma aporta, prescinde de la parte de la cláusula que no
le interesa, y según la cual, la paralización de la actividad debe ser «a causa de
un daño y/o pérdida cubierto por el contrato».
De esta forma, resulta que en el contrato, de acuerdo con la
documentación aportada por la actora, el derecho de la asegurada a la
prestación de pérdida de beneficios por paralización de la actividad solo surgiría
si la paralización estuviera ocasionada por alguno de los daños o pérdidas
cubiertas por el contrato (según la misma información aportada por la
demandante como documento 3, y en términos semejantes a los expuestos por
la demandada: incendio, explosión, rayo, fenómenos atmosféricos, inundación,
vandalismo y un largo etcétera), lo que en el caso no ha sucedido. La
demandante no funda su pretensión en la paralización de su actividad como
consecuencia de ninguno de los daños previstos en el contrato, sino por la
paralización motivada por las resoluciones administrativas que se adoptaron
durante la pandemia del covid-19. En consecuencia, desestimamos la
demanda». Se estima el recurso de casación.
Mayo 2025.
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